Por:
Lorena Dueñas. Jefa del Departamento de Normas Técnicas y Difusión de la Superintendencia de Valores (Superval). - EL SALVADOR.
Dentro de la iniciativa de las principales tres bolsas de la región, de Costa Rica, de El Salvador y de Panamá, para la creación del proyecto Alianza de Mercados de Valores Centroamericanos –AMERCA-, se tiene entre otros la dificultad de cómo regular y supervisar a los puestos de bolsa que operen indistintamente en los tres países, sobre todo con la realidad de que las leyes caminan a una velocidad que la mayoría de las veces no es la misma que la velocidad de los mercados.
Como
lo ha mencionado
recientemente el Dr. Carlos Barsallo en su artículo "Reguladores
deben poder intercambiar información si se desea lograr algún grado
de integración", se hace necesario reformar el marco legal, de tal
forma que permita el intercambio de información no pública entre
los reguladores de valores de la región: "No parece viable, o por
lo menos no de forma responsable, caminar hacia una integración
de los mercados de valores si no se logran primero mecanismos
legales eficientes y eficaces para que los reguladores puedan
intercambiar información
sobre los temas de su competencia y sobre las personas sujetas a su
regulación y supervisión”.
Adicional a esos cambios regulatorios, las leyes debieran otorgar responsabilidades a los operadores en los mercados de valores (bolsas de valores), sobre el control de las conductas de los intermediarios, en este caso, de las casas de corredores o puestos de bolsa. Estas responsabilidades, están enmarcadas en otros países, dentro del concepto de autorregulación.
El modelo de autorregulación como ha sido analizado por IOSCO en su documento público 110 "The Model for Effective Regulation"/1, es una combinación única de los intereses privados con la supervisión gubernamental, que se convierte en una forma de regulación eficaz y eficiente para la compleja, dinámica y siempre cambiante industria de servicios financieros. La autorregulación es una parte de la regulación y no un ámbito separado de la misma, por lo que se entiende que la autorregulación no es una facultad libre de un particular, sino una autoridad delegada.
El referente del modelo a nivel global, es el aplicado en el mercado de valores de Estados Unidos, el cual ha sufrido cambios importantes a lo largo de su historia, entre ellos, se tiene la creación, en Julio del 2007, de un ente regulador privado de valores (FINRA), separando de las bolsas de valores, las gestiones de regulación y supervisión de los intermediarios. El modelo no escapó a las críticas cuando estalló la crisis de los préstamos "subprime" de hipotecas en Oct. 2008.
La región puede buscar un modelo moderado de autorregulación, utilizando el enfoque pero adaptándolo a nuestra realidad y tomando en cuenta, las fallas que ha tenido en los países donde ha sido aplicado. Sin duda alguna, la participación del sector privado en la supervisión y regulación del mercado, es de gran ayuda por los escasos recursos de los entes reguladores y, podría ser mucho más efectiva que una regulación gubernamental, por el nivel de conocimiento sobre los mercados de valores, por el grado de conocimiento sobre los productos que comercializan y la agilidad de actuación de los privados, contrario a la burocracia estatal.
Uno de los objetivos de los reguladores públicos de valores, está referido a la creación de las condiciones para que existan mercados justos, eficientes y transparente; sin embargo, estos esfuerzos no debieran ser solo de un lado, sino más bien ambos sectores, público y privado, debieran unir esfuerzos para proteger el bien público que se custodia: la confianza de los mercados de valores. La pérdida de la misma, como ha quedado demostrado en mercados desarrollados, puede traer consecuencias desastrosas para la economía y, en mercados no desarrollados como los nuestros, se lesiona grandemente, el poco camino recorrido para el establecimiento de un mercado de capitales.
En ese sentido, la propuesta de AMERCA debiera incluir la organización de una infraestructura que permita monitorear las conductas de los operadores y de los diversos participantes del mercado, así como, colaborar con el (los) ente(s) supervisor(es), a efectos de compartir responsabilidades en la supervisión de los mercados de valores. Cuando se habla de la regulación privada, generalmente está asociada a la supervisión de los mercados, estándares de calificación para los intermediarios – idoneidad -, y de la conducta del personal de los intermediarios, así como la relación de éstos con sus clientes.
El sector privado, no siempre es sinónimo de eficiencia y justicia, y, el mercado de valores no es la excepción, existiendo abismales asimetrías de información, que la regulación y supervisión existentes en los diversos mercados no ha sido capaz de controlar, de allí la debacle de los mercados financieros internacionales. Por lo que, la realidad de nuestras sociedades demandan reinventar las acciones individuales cuando se actúa como empresa, de tal forma de crear un modelo, donde se premien, entre otros, las buenas prácticas antes que los abusos del mercado, la transparencia antes que la manipulación de la información y la competencia antes que la protección local de la industria. Es en ese sentido que se necesita un sector privado con acciones contundentes y éticas, que empujen a la burocracia estatal, para dar un salto de calidad en el establecimiento de un mercado regional.
1 http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD110.pdf
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