Por: Danilo Montero. Gerente de Grupo Interbolsa. Ex-Superintendente de la Superintendencia General de Valores de Costa Rica (Sugeval). – COSTA RICA.
En una primera entrada al blog mencioné que percibo al menos 4 factores que han afectado la integración de los mercados de valores. Voy a concentrarme en el primero. El estudio de al menos cinco casos me confirma que la integración no es una condena, sino que requiere decisión como país. Y, por lo tanto, es un tema político. Igual que un TLC o un juicio internacional por un río fronterizo, el aparato estatal (entiéndase la política oficial) debe ponerse en movimiento.
Para ello se requiere que el gobernante esté decidido a poner de acuerdo a muchos jugadores, respecto a algo que considera que conviene al país, y que piensa que será capaz de convencerlos que así es. En este sentido, me parece que ningún gobernante, en los últimos 15 años, ha manifestado mayor interés en hacer, ni siquiera del mercado de valores local, un tema merecedor de competir con proyectos como la apertura de monopolios, protección del ambiente o la concesión de obra pública. Por lo tanto, me parece que la integración está aun más lejos de ser algo prioritario en la agenda política.
Ahora bien, razonable sería plantearse si es un tema que debería dejarse que "germine" solo en la conciencia de los políticos. Es probable que muchos coincidamos que no. Alguien, en consecuencia, podría asumir el liderazgo de vender la importancia de luchar por la tutela de un derecho de los ciudadanos costarricenses de contar con un mercado de valores decente, lo que sin duda pasaría por un mercado amplio, integrado y eficiente. Se me ocurre que al menos hay tres sectores que podrían asumir esa tarea: autoridades del mercado financiero, intermediarios del mercado de valores y los principales demandantes del servicio.
Para mi gusto, los más obligados son los demandantes. De ellos, el sector de carteras colectivas es sin duda el principal, encabezados por los fondos de pensiones. No solo porque les conviene, sino porque es un requisito vital para su gestión de portafolios, un buen mercado de valores debiera ser razón suficiente para "convencer" a los políticos de crear un buen mercado de valores. Mi sentimiento es que no perciben hoy en día tal relevancia y, por lo tanto, se conforman con lo que hay, a la buena de Dios. Este tema lo abordaré con más detalle en otra entrega.
Los segundos, en mi criterio, debieran ser los intermediarios. De ellos, dos son los principales: desde luego las casas de bolsa (junto con la Bolsa) y por otro los bancos. Sigo sosteniendo la tesis de que los mercados (los buenos), cumplen una función social de la mayor relevancia: ofrecen precios, lo que de paso explica por qué las bolsas más importantes del mundo consideran indispensable operar en el horario más amplio y de la manera más eficiente. Si un mercado deja de brindar precios, pierde razón de ser. Los intermediarios, incluidos los bancos, generan ingresos no porque celebran contratos, sino porque aportan valor con su ejercicio permanente de "valoración" de activos financieros. Ese ejercicio es imposible, o al menos arbitrario, si no hay condiciones mínimas de amplitud, profundidad e integración. A diferencia de otras experiencias que luego comentaré, en Costa Rica (y en la región en general), los intermediarios bursátiles han sido pobremente escuchados (para decir lo menos), y los bancos han acusado una miopía muy aguda, teniendo el poder para actuar.
¿Y por qué habría de ser responsabilidad de las autoridades del sector financiero, promover un buen mercado? Aunque la pregunta puede parecer un poco obvia, lo cierto es que la ley de valores es muy clara en el mandato, al señalar la obligación de proteger al inversionista. Un mercado fragmentado, poco profundo, distorsionado, escasamente líquido, es la principal fuente de desprotección para el inversionista. Si los principales emisores públicos no se someten a reglas de emisión estrictas, el inversionista es la víctima inevitable. Pero además de una obligación legal, las autoridades del sector debieran tener más capacidad de influir, política y técnicamente, en los gobernantes, ya que no arrastran el fantasma del "interés creado" que podría acusarse a los intermediarios.
En este último sentido, al menos en Costa Rica, considero que también las autoridades (Banco Central y Conassif en particular) han permitido el funcionamiento de un mercado de valores poco profundo e ilíquido y, en fechas más recientes, se observan retrocesos adicionales a lo logrado, con figuras que fragmentan aun más el mercado, por lo que la integración se torna todavía más lejana y quimérica.
En otra entrega intentaré
reseñar experiencias en las que, una combinación de convencimiento de los
políticos, con el apoyo técnico y la supervisión de las autoridades, han
permitido que los agentes económicos encaminen procesos de modernización de sus
mercados de valores. En todo caso, mi conclusión es que le espera un futuro
incierto (más bien sombrío) a una iniciativa de integración que no cuente con
el debido sustento político.
Comentarios