Por: Carlos Barsallo. Abogado. Ex-presidente de la Comisión Nacional de Valores de Panamá (CNV). - PANAMÁ.
No parece viable, o por lo menos no de forma responsable, caminar hacia una integración de los mercados de valores si no se logran primero mecanismos legales eficientes y eficaces para que los reguladores puedan intercambiar información sobre los temas de su competencia y sobre las personas sujetas a su regulación y supervisión.
En los últimos años, ha habido muy buena comunicación entre los distintos reguladores de los mercados de la región. El diálogo ha sido muy positivo, fluido y se ha evidenciado una muy buena voluntad por trabajar coordinadamente. Se han adelantado gestiones concretas de coordinación.
No obstante, la buena voluntad y los mejores deseos no son suficientes y han chocado claramente contra limitaciones legales en cada una, sino todas, las jurisdicciones de la región, las cuales impiden, de forma práctica y real, que los reguladores y supervisores de valores intercambien información de forma ágil como lo requiere un tema tan dinámico como el mercado de valores.
Esta deficiencia ha sido analizada y documentada para todos aquellos mercados de la región que se sometieron a algún tipo de evaluación internacional, como por ejemplo las evaluaciones sobre capacidad de cooperación de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).
En nuestro caso esto no lo sabemos como resultado de las evaluaciones internacionales. Esta limitación la hemos experimentado personalmente de primera mano. En el año 2007 sugerimos a los ex colegas reguladores de la región la firma de memorándum de entendimiento regional (MOU). El documento fue finalmente firmado en San José, Costa Rica en el año 2007.
No obstante, durante su discusión previa se hizo evidente, para todos los responsables, que dicho documento, en atención a las limitaciones legales de cada regulador, tendría, hasta tanto no se reformen las leyes de cada país, serias limitaciones. Sería, como en efecto lo es, un buen documento para coordinar capacitaciones e intercambiar experiencias y datos públicos, pero no sería, ni es, el documento útil ni legal para lograr una adecuada supervisión consolida ni las investigaciones regionales complejas de las diferentes personas que actúen en los varios mercados y atiendan a inversionistas de varios países.
Mientras esto no se logre, resulta difícil, riesgoso y poco prudente hablar de integración, sin la herramienta legal necesaria para una supervisión coordinada.
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